No destaca este gobierno municipal de Córdoba por la eficiencia en la gestión. Por lo que hemos podido observar a lo largo de año y medio de mandato está más por los gestos a la galería y las declaraciones altisonantes, como son la retirada de obras de arte porque tienen un contenido religioso -un crucifijo o un cuadro dedicado al Arcángel San Rafael- o la duplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles a pisos y locales que no estén habitados. Hace un mes, la responsable de las infraestructuras municipales, Amparo Penichi, asumía que la gestión de las obras ligadas al plan Mi Barrio es Córdoba no había sido satisfactoria. Como consecuencia de ello el Ayuntamiento había perdido un millón de euros. La responsable de infraestructuras decía que no lo había perdido, sino que había dejado de ingresarlo -si el papel lo aguata casi todo no digamos de lo que sale por la boca-. Sólo pudo certificarse el sesenta por ciento de las obras, equivalentes a una inversión de millón y medio, con lo que de los dos millones y medio procedentes de la administración central, uno se quedó por el camino.
Ahora caminamos hacia la expiración de plazos de otro Plan. Su ejecución se encuentra con dificultades, mayores cada día que pasa, para culminar con éxito las inversiones previstas. En consecuencia, existe la amenaza de una nueva pérdida de recursos municipales y, como decía Amparo Penichi, ante la insatisfactoria gestión de Mi Barrio es Córdoba, el Ayuntamiento no está para perder un millón de euros. Tampoco los contribuyentes en cuyos bolsillos hay cada vez más telarañas. Nos referimos al Plan Turístico de Córdoba, englobado en el Plan de Grandes Ciudades. Fue firmado a mediados de 2014 por la anterior corporación municipal y la Junta de Andalucía. Se trataba de poner en marcha una serie de iniciativas, por importe de cinco millones de euros -la Junta aportaba tres y el Ayuntamiento dos-, que potenciasen el atractivo turístico de la ciudad. Había de ejecutarse en dos años, es decir debía de estar concluido para mediados de 2016.
La anterior corporación, la del Partido Popular, no hizo los deberes. Cuando los nuevos munícipes tomaron las riendas del gobierno de la ciudad, a mediados de 2015, el concejal de Turismo, Pedro García, denunció que apenas estaba ejecutado un veinte por ciento, cuando en su opinión debería de estar el setenta por ciento. Deficiente gestión, aunque hay que tener en cuenta que se necesita un tiempo para poner en marcha un proyecto antes de que se realicen tareas de ejecución. La actual corporación se vio en la necesidad de pedir una prórroga porque de lo contrario se perdería el dinero que aportaba la Junta. La prórroga concluye en octubre del presente año y buena parte de los proyectos están atascados. A estas alturas el del “contenedor cultural” -léase el convento de Regina- no se ha sacado a licitación. La obra de remodelación del Templo Romano no ha sido adjudicada, poniendo en solfa las declaraciones del propio gobierno municipal que marcó la fecha de finales de 2016 para tenerlas ejecutadas. Acerca de las obras del Museo de la Inquisición en el Alcázar de los Reyes Cristianos -la gestión de este monumento es algo más que deficiente- no hay noticias. La prórroga, como dicho queda, concluye dentro de nueve meses.
¿Dónde está la gestión, más allá de la palabrería?
(Publicada en ABC Córdoba el 21 de enero de 2017 en esta dirección)